Los EREs, si no fue Chaves ¿quién fue?

La corrupción inunda España desde hace décadas. Muchas son las historias que hemos vivido. Entre ellas, por su montante, la de los ERE,s andaluces se lleva, al aprecer, la palma: Como en muchos otros casos, en este también nadie, al parecer, es responsable. Las máximas autoridades que hemos visto al frente de los varios organismos, nada sabían; los de más abajo, menos aún; el dinero se esfumó en el aire a pesar de los múltiples órganos de control y supervisión existentes donde trabajan y cobran miles de funcionarios. Entonces… ¿de quién es la culpa?… ¡¿no la hay?!

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En el juicio que se está celebrando sobre el caso de los ERE, la defensa de Chaves ha vuelto a pedir su absolución, afirmando que «no hay ni un solo indicio incriminatorio». Sostiene que Chaves no leyó ninguno de los 15 informes que elaboró la Intervención, los cuales, salvo que alguien lo impidiese, debieron llegar a sus manos. El esperpento de los EREs roza lo excelso. Aunque, como hay tantos otros casos en los que “nadie sabía nada”, parezca uno más. Lo que es evidente es que la clase política, en especial la que asumió puestos en la gestión de esos EREs, no puede pretender decir que no tiene responsabilidad alguna. Sus salarios entonces y sus indemnizaciones después por el desempeño del puesto y sus pensiones posteriores las han percibido. Si no se enteraban de nada ¿por qué cobraban?

El caso de los EREs fue una actuación de la Junta de Andalucía que permitió que se gastara, sin control público, una cifra proveniente de sus Presupuestos, que oscila entre los 680 y los 1.217 millones de euros, en los que finalmente la Cámara de Cuentas de Andalucía cifró el coste de las prejubilaciones otorgadas por ese proceso (que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar). Con ese dinero se pagaron prejubilaciones de una clientela política, empresas amigas o plantillas elegidas por los sindicatos, mediante un sistema al que no tenían acceso todos los andaluces y que se mantenía sin publicidad ni control. Así se permitió que se beneficiaran 6.473 empleados, mientras que los restantes 81.464 empleados, que se acogieron a los EREs en Andalucía, en ese mismo periodo, no pudieron hacerlo. También se pagaron comisiones a los intermediarios, en particular a los sindicatos. La finalidad del sistema era poder manejar ayudas públicas, al margen de los controles legales, beneficiando así a una clientela amiga, de la que se derivaba un posterior apoyo electoral.

Para realizar ese uso ilegal del dinero público, se utilizó previamente un truco de ingeniería financiera: crear partidas separadas de aquellas sobre las que la intervención ejerce un control directo. Fue imprescindible para ello la actuación de la Consejería de Economía, de la que depende la elaboración del Presupuesto, y de la Consejería de Empleo, que era la que tramitaba tanto los EREs legales como estas ayudas complementarias, pagadas con dinero al margen de los controles económicos habituales. Actuar así implicaba prevaricar, es decir faltar conscientemente, a los deberes del cargo al tomar decisiones o dictar resoluciones injustas y, obviamente, malversar, al sustraer o dar un uso indebido a caudales públicos, cuya finalidad, según constaba en el Presupuesto de la Junta, aprobado por los diputados autonómicos, era distinta de la que se les dio.

¿Cabe pensar que el Presidente de la Junta no supiera nada? ¿Cabe pensar que el tinglado lo montaran la Consejería de Economía y la Consejería de Empleo, sin informar al Presidente? Si hubiera sido así, ¿cómo no los denunció Chaves por alta traición? No nos engañemos. Es impensable.

La ingeniería financiera consistió en crear, en el Presupuesto de la Junta, un programa (22.E, después, 31.1) de “Administración de Relaciones Laborales” que cada año era dotado de fondos. Su finalidad teórica era “financiar gastos de explotación”, es decir, cubrir agujeros contables o pérdidas. Sin embargo, se gastaba dando subvenciones, sin respetar el principio de publicidad ni la normativa que establece la Ley General de Subvenciones. La última ayuda publicada en el Boletín Oficial de la Junta, lo fue el 6 de febrero de 1999. A partir de entonces no se publicó ninguna más. ¿Por qué? Para evitar atraer la atención hacia subvenciones otorgadas al margen de la legalidad.

El programa fue creado siendo Presidente de la Junta Manuel Chaves (julio 1990 a abril 2009) y Consejera de Economía, Magdalena Alvarez, (agosto 1994 a febrero de 2004). El sistema se perfeccionó el 17 de junio de 2001, mediante la firma de un convenio entre el Consejero de Empleo, José Antonio Viera (después Secretario General del PSOE en Andalucía de 2004-2012) y Antonio Fernández, presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que autorizaba al Director General de Trabajo a conceder subvenciones y otorgaba al IFA, después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la facultad de pagarlas. El IFA recibía dinero público, en teoría para financiar sus “gastos de explotación”, pero, en realidad, lo que hacía con ese dinero es entregarlo a los receptores de ayudas (EREs), a través de una contratación de primas de seguro con empresas aseguradoras, que se comprometían a ir pagando anualmente a los beneficiarios esas ayudas y que, en contrapartida recibían cada año un ingreso a través del IFA o IDEA.

Las ayudas públicas, sin publicidad, de la Junta eran tan generosas para las empresas beneficiadas que las eximían, o casi, de la carga económica que para la parte empresarial implica un ERE, lo que daba lugar a que fácilmente se produjera un acuerdo entre empresa y trabajadores del que surgía la lista de “beneficiarios” de cada ERE. La ausencia de control público de los pagos de las aseguradoras, que actuaban como pagadores intermedios, permitió que se incluyeran en las listas de “beneficiarios” de los EREs a personas que ni siquiera habían trabajado nunca en esas empresas. La mayoría de esos paracaidistas beneficiarios fueron personas, amigos y familiares de miembros del PSOE y de los sindicatos.

Cuando a pesar de todo ese intricado y oculto mecanismo, la Intervención General de la Junta detectó esas ilegalidades, llegó a formular y remitir hasta 15 informes. Ni el Presidente Chaves, ni su entonces Consejero de Economía, Jose Antonio Griñán (abril 2004 abril de 2009) hicieron nada para corregir o frenar el tema.  El 25 de abril de 2004 se nombró un nuevo Consejero de Empleo, Antonio Fernández García, que cesó el 22 de marzo de 2010, ya después de que el caso hubiera saltado a los medios. Inconcebible también que el como nuevo Consejero de Empleo no se hubiera enterado de nada.

Tampoco hubo cooperación con la Justicia una vez que se hizo público el ilegal mecanismo. El 22 de marzo de 2010 se nombró a Manuel Recio Menéndez, nuevo Consejero de Empleo. Obviamente debió enterarse del caso (y colaborar o no con la Justicia) hasta su cese en 2012. Igual ocurrió con el nuevo Consejero de Economía, Antonio Ávila Cano (marzo de 2010 a septiembre de 2013) que obviamente debió de tomar conocimiento de lo que ya era de dominio público. El Presidente de la Junta fue Jose Antonio Griñán de abril de 2009 a septiembre de 2013 y finalmente, ocupó la Presidencia Susana Díaz desde el 7 de septiembre de 2013.

Conviene recordar que, durante todo este período, fueron Secretarios Generales del PSOE, Zapatero (julio 2000 a febrero 2012), Rubalcaba (febrero de 2012 a julio 2014) y Pedro Sánchez desde entonces. Si les preocupaba realmente la corrupción algo debieron saber o preguntar. Todas las personas citadas, y muchas otras, han tenido un papel por acción u omisión, en el tema de los EREs. Menor en el caso de Susana Díaz, Rubalcaba y Pedro Sánchez, que sin embargo han guardado un sospechoso silencio sobre este tema. Si, con los datos que hay, el caso de los EREs terminara con sentencias absolutorias o condenas mínimas, el ciudadano tendrá un fuerte argumento para desconfiar de la Justicia, al igual que ya desconfía de los partidos y del Poder Ejecutivo, de sus contratos amañados, de su ingeniería financiera con el dinero público y, sobre todo, de sus silencios interesados. Nadie sabe nada. Y sin embargo el mensaje es antiguo: “La verdad nos hará libres”. No perdamos la esperanza en que un mundo nuevo es posible.

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